05 / julio / 2023
Por: Leòn Mayorga
El caso de Miguel López Vega y Alejandro Torres Chocolatl, defensores del territorio en la región de los pueblos cholultecos de los volcanes, es un claro ejemplo de autoritarismo, violencia política y criminalización por parte de funcionarios públicos de los diferentes órdenes de gobierno.
Los defensores han sido criminalizados por defender el río Metlapanapa de la contaminación de desechos tóxicos por parte de la industria ubicada en la zona. Empresas del parque industrial ciudad textil, instalado en el municipio de Huejotzingo, llevan más de una década perpetrando un ecocidio que atenta contra todo tipo de vida: el agua, la tierra, la flora, fauna y la vida humana, debido a que descargan aguas negras sin tratamiento residual al río y tierras agrícolas del municipio vecino J. C. Bonilla.
El 24 de enero de 2020 Miguel López Vega fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla justo en el momento en que salía de la Dirección de Gobierno del Estado de Puebla, para interponer un amparo en materia de autonomía de pueblos originarios. Ese acto represivo lo convirtió en el primer preso político del nuevo régimen del partido Morena.
Fue acusado sin prueba alguna por participar en una protesta pacífica, el 29 de octubre de 2019 en Santa María Zacatepec, y oponerse junto a muchos pobladores a la contaminación del rio. Ante la omisión de las autoridades de atender a los afectados ambientales, la respuesta de los funcionarios públicos fue a través del uso excesivo de la fuerza enviando a reprimir a la policía estatal y la Guardia Nacional a los pobladores inconformes. A Miguel se le imputaron, más bien, le inventaron los delitos de oposición a que se ejecute una obra pública, ataques a las vías generales de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte.
Fue hasta el 29 de enero de 2020, tras la indignación y presión de la sociedad cuando fue liberado bajo medidas cautelares. Desde ese momento ha vivido años intimidado por los funcionarios del poder judicial y de las corporaciones policiales quiénes han hecho uso ilegítimo de esta tipología penal como una de las formas de intimidación, criminalización y estigmatización de la protesta social.
Asimismo, a Alejandro Torres Chocolatl le pretenden imputar los mismos cargos por los que Miguel López ha sido absuelto. El 30 de julio de este año fue víctima de una detención ilegal, prácticamente fue presa de levantón, de un secuestro ejecutado por agentes ministeriales sin ningún fundamento legal: sin orden de aprehensión y sin leerle cargos fue detenido durante aproximadamente 4 horas por agentes ministeriales de la casa de Justicia en Cholula.
La movilización de sus compañeros y compañeras defensoras, acompañada de la solidaridad de organizaciones locales, nacionales e internacionales impidieron que fuera encarcelado. y han hecho visible este denigrante acto en distintos medios de comunicación y redes sociales.
A todas luces, estos actos de criminalización contra los defensores del río Metlapanapa han sido planeados y ejecutados por el capital, el poder económico que pretende despojar a los pueblos de su territorio: sus tierras, sus ríos, su vida como pueblos originarios.
Megaproyectos y violencia política
La colusión entre clase política y empresarial para atacar a Miguel y a Alejandro a partir de un proceso judicial y buscar encarcelar a los comunicadores comunitarios es una manera de intimidar y afectar no sólo a él, sino a los movimientos de defensores ambientales “Guardianas del río Metlapanapa”, es un acto de violencia y necropolítica.
Los pueblos nahuas de la región de los volcanes han sido afectados por la violencia política. Entendiendo por violencia política a las distintas formas de agresión y terror que ejercen y administran autoridades oficiales contra aquellos que se oponen en nombre de un movimiento social a las políticas del régimen de estado. Desde hace más de diez años los pueblos volcaneros han sufrido el terrorismo de estado a partir de la imposición del “Proyecto Integral Morelos” para instalar una termoeléctrica y un gasoducto, obras que han afectado a cientos de poblaciones.
Los defensores del territorio han sido víctimas de diversas formas de violencia, la cual es administrada en un proceso y por una red de agentes del estado, empresariales y grupos criminales, quienes, por fuera de todo margen de la legalidad, de justicia y de vida digna, han aplicado contra la población opositora: Intimidación, amenazas, agresiones corporales y verbales, criminalización, estigmatización, corrupción, detenciones ilegales y el asesinato.
A groso modo los opositores a los megaproyectos han recibido intimidaciones a partir de violencia judicial y política que utilizan para imponer sus intereses contra los pueblos; inventado cargos contra los opositores; metiéndolos presos o sometiéndolos a procesos judiciales en los que tienen libertad limitada pues los obligan a firmar cada semana en los juzgados. De esta manera el poder político, judicial y empresarial se coluden para aplicar y administrar las formas de represión y miedo contra la población afectada.
Podemos mencionar algunos casos de procesos judiciales en esta década a quienes se les han inventado cargos para detenerlos y encarcelarlos. En 2014 Enedina Rosas y Juan Flores junto a otros pobladores y activistas fueron presos políticos de Moreno Valle y Peña Nieto. En la actual administración de la 4T también han aplicado la judicialización para criminalizar a los comunicadores Miguel López y Alejandro Chocolatl. Quiénes son defensores de la vida, de su territorio, representantes comunitarios, además de que participan y son integrantes de varias organizaciones como el Frente de Pueblos Defensa de la Tierra y el Agua–Morelos, Puebla, Tlaxcala, Guardianas del río Metlapanapa, Pueblos Unidos de la Regiòn Cholulteca y del Congreso Nacional Indígena.
En las violencias físicas y amedrentamiento el poder económico y político utilizan a los corporativos policiales, militares o grupos criminales. Las guardianas y guardianes del territorio han recibido amenazas de muy diversas formas e intimidaciones por ejemplo con seguimientos por parte de agentes policiacos en patrullas. O en operativos para cometer los despojos han utilizado a las corporaciones para resguardar a los constructores de las obras de los megaproyectos y utilizan a la fuerza pública contra los pobladores inconformes.
Los defensores también son víctimas de ataques en las redes sociales y la estigmatización en medios de comunicación de paga locales, así como también viven agresiones por parte de algunos pobladores de las mismas comunidades. Incluso, la violencia que se ha ejercido ha sido tan grave y alarmante que han llegado al asesinato. En 2019 atentaron contra el comunicador y defensor nahuatl Samir Flores, crimen que continúa impune hasta la fecha.
Los efectos de la violencia política son múltiples y van desde cuestiones particulares hasta colectivas. Sufren afectaciones psicológicas como estrés, ansiedad y depresión con los daños físicos que conllevan y psicosociales como la ruptura del tejido social en relaciones de familia, de amistad, de vecindad y de comunidad. Por ejemplo, para impulsar estos megaproyectos industriales han aplicado contra las poblaciones la compra de voluntades: usan el dinero y las influencias políticas para comprar conciencias de algunos pobladores para que aprueben los proyectos, y enfrenten a los opositores y de esta manera imponerse a partir de dividir a las comunidades.
Aunado a ello, la urbanización y la industrialización de la zona han dejado también afectaciones ambientales. El ecosistema del territorio ha sufrido pérdida de biodiversidad en flora y fauna, contaminación de la tierra, del aire y del agua de los ríos, ameyales, mantos freáticos, estrés hídrico, erosión de la tierra y hundimientos en socavones de cientos de metros.
En resumen, la violencia política ejercida contra los defensores del medio ambiente y de la vida colectiva campesina es procesual, es decir, se dan a través del tiempo; es administradas agravándose en ciertos momentos y contra determinadas personas de los movimientos, y deteniendo las agresiones en otros instantes. Asimismo, esa violencia es diversa y se conjuga entre múltiples tipos de violencias: violencias políticas, jurídicas, económicas, físicas, cotidianas, simbólicas.
Los agresores no son sujetos aislados, sino redes de personas incrustadas en los tres poderes de la unión del estado mestizo mexicano: el ejecutivo, el legislativo y el judicial; de los distintos órdenes municipales, estatales y federales; y en alianza con empresarios mexicanos y extranjeros quienes confabulan para atacar a los opositores para así imponer sus intereses económicos y políticos, es decir, ejercer el poder de clase, de etnia, de género.
La clase política partidista y el poder judicial incrustados en redes de corrupción con empresarios son los generadores de la violencia y el despojo contra pueblos originarios y defensores del medio ambiente. Son ellos quienes administran esas distintas formas de violencia contra la vida y la salud de los pueblos originarios que se oponen dignamente a los proyectos de muerte.
Las palabras de Miguel antes de su audiencia judicial el 26 de abril realizada en Cholula explican la situación de los defensores:
“Han ido trazando todo este proceso penal hacia el movimiento, hacia todas las personas que luchamos y que no queremos el proyecto de contaminación del río Metlapanapa está bien claro lo que quiere hacer CEAS Puebla, el MP, la fiscalía, el gobierno federal, el gobierno del estado y no quieren que uno se organice, Desde esta casa de la injusticia en Puebla. Esa es la intención, la división, el silencio, el miedo, el terror, para qué, para que puedan llevar a cabo este tipo de proyectos.”
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| Imagen tomada de Redes Sociales |
