lunes, 29 de agosto de 2022

El agua es vida no una mercancía: Primera Asamblea Nacional del Agua.



29-08-2022


El 27 y 28 de agosto se realizó en la comunidad de Santa María Zacatepec, Puebla, la 1er Asamblea Nacional del Agua. Acudieron al llamado defensoras y defensores del agua de 15 estados de la república con las mismas problemáticas; sobreexplotación del agua, contaminación, despojo a los pueblos del recurso, sequía y falta de acceso al imprescindible recurso. Asistieron representantes de comunidades de Veracruz, Nuevo León, San Luis Potosí, Chihuahua, Ciudad de México, Tlaxcala, Jalisco, Quintana Roo, Querétaro, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Puebla.


En el territorio, sede del primer encuentro nacional por la defensa del agua y la vida, ubicado en la cuenca de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, llevan décadas luchando contra el despojo. Ejemplo de ello es el cierre de la empresa Bonafont, además de verse afectados, los habitantes de estas comunidades originarias, por la sobreexplotación y contaminación Industrial del río Metlapanapa y del agua subterránea afectando los pozos artesanales de los habitantes de estas comunidades. En Zacatepec también han sido perjudicados por megaproyectos como el gasoducto del Proyecto Integral Morelos.


Sin agua no hay vida


El recibimiento y bienvenida al evento fue realizado por pueblos nahuas y tutunakú de Puebla. La primera asamblea nacional por el agua comenzó con una ofrenda con maíces, frutos, árboles, velas y al sonido del caracol, pidieron perdón a la tierra y al agua por la contaminación y afectaciones. A su vez agradecieron por el agua que provee de vida y su significado va más allá de ser solamente un recurso. 


Los pueblos originarios tienen una manera de ver y entender el mundo, para ellos el agua es al igual que la vida un elemento sagrado. El agua está lejos de ser una vil mercancía. El agua es todo y es esencia de la vida, tal como lo comentó Doña Gloria del pueblo nahua “Vienen a defender el agua, porque el agua no se vende, ya el gobierno la agarra como mercancía, pero no es una mercancía, es una vida de todo mundo y de todos los humanos y seres que vivimos en el mundo, sin agua nadie vive, yo quisiera oír alguien que diga que vive sin agua, todos vivimos a base del agua. Ni el mejor millonario que esté bañado en oro, si no tuviera agua no es nadie, entonces compañeros, compañeras, niños y niñas no encontramos en el recinto para defender el agua y defender la vida que es un tesoro para todos”.


Asimismo, todo lo que existe y habita en los territorios de los pueblos originarios es parte de una gran familia y el agua está muy lejos de ser solo un objeto para la subsistencia, para los pueblos es una entidad viva. El agua es madre, es hermana y es vida, el agua no sólo corre por el río, también toca, el agua canta y baila, siente y se enferma, y en ocasiones se muestra en forma antropomórfica. 


Los pueblos indígenas con sus conocimientos, sabiduría y espiritualidad se vinculan con todo lo que habita sus territorios, la interrelación con el agua les permite identificar al mirar las nubes, animales o insectos u otros elementos en el campo que les avisan cuándo caerá la lluvia, así lo señalo Don Miguel, del pueblo tutunakú  “También las piedras nos avisan cuando va venir el agua, sudan. Los animalitos que nos comunicamos con ellos, hasta mosquitos, ya vienen, mañana viene el agua. La naturaleza nos comienza avisar que ya viene el agua.”


La concepción del mundo de los pueblos originarios, su manera de interrelacionarse con el mundo, a través de cómo lo nombran y sobre todo de cómo lo sentipiensan influirá en la agenda nacional por el agua, regando e hidratando las movilizaciones en defensa de la vida contra los proyectos de muerte.


La agenda para la defensa del agua


La espiritualidad de los pueblos caracterizó la visión del agua en la asamblea. De igual manera los asistentes compartieron sus problemáticas, posibles rutas para las soluciones. Centraron las discusiones en cinco mesas de trabajo que fueron el espacio de reflexión y análisis: 1) espiritualidad, autodeterminación y gestión comunitaria del agua; 2) análisis del despojo ¿en manos de quién está el agua?; 3) estrategias jurídicas para la defensa del agua; 4) contaminación del agua y enfermedades; y 5) criminalización y contrainsurgencia contra defensorxs y movimientos.


Los pueblos nos enseñan que no basta con hacer uso adecuado y sin desperdicio del agua, sino que se debe organizar para denunciar el trato al recurso sagrado. Sin lugar a dudas la asamblea está tejiendo una red para articular a los defensores del agua en el país, conformada por pueblos originarios, campesinos, activistas, organizaciones sociales, colectivas, académicos, niñxs, Jóvenes y adultos de todas edades. Mujeres, hombres y otres u otroas.


Por lo pronto hay fecha para la segunda asamblea por el Agua y la Vida, se llevará a cabo los días 18 y 19 de febrero del 2023, en la comunidad de Santiago Mexquititlán, Querétaro. Cuentan con una programación basada en la temática de las mesas de trabajo para visibilizar las problemáticas en sus localidades. Señalaron que así como son diferentes los problemas que aquejan por el agua, también hay una gran diversidad de formas para defenderla. Atenderán temas de comités de agua, sistemas propios de gestión comunitaria, amparos, denuncias, acciones directas, asambleas, y otras propuestas que irán desarrollando. La ruta está marcada, organizarse y continuar la lucha en contra del despojo, la represión, la explotación, contaminación y exterminio del agua y de la vida. 



Por: León Mayorga



lunes, 25 de abril de 2022

Doble desplazamiento forzado y violaciones a los derechos humanos de la comunidad Triqui.

25-abril-2022

León Mayorga

Violencia armada, policial, despojos, discriminación racial y de clase, estigmatización, invisibilización, omisión, abuso de autoridad y constantes violaciones a sus derechos humanos viven día a día un grupo de familias Triquis de Tierra Blanca Copala, ubicada en la mixteca Oaxaqueña, mismas que tuvieron que abandonar sus casas y su territorio debido a las agresiones armadas de grupos paramilitares.

Desde diciembre de 2020, 143 familias Triquis fueron desplazadas forzadamente de sus comunidades, algunas de ellas se movilizaron a la Ciudad de México para demandar a las autoridades federales apoyo para que puedan regresar con tranquilidad a sus hogares. Durante 15 meses permanecieron en un plantón frente a la Alameda, frente a Palacio de Bellas Artes, solicitando a las autoridades los apoyen para no ser atacados por grupos paramilitares y así retornar a su comunidad en condiciones de seguridad, con la garantía de no ser asesinados.

Sin embargo, durante la madrugada de este lunes más de 100 elementos de la policía de la Ciudad de México montaron un megaoperativo en el que formaron un cordón de seguridad cerrando calles aledañas a Bellas Artes. Movilización que hace imaginar a los transeúntes que pasan por ese lugar, que esos elementos policiacos se dirigen a capturar a peligrosos criminales. Pero no es así, los agentes se trasladan al plantón de la comunidad Triqui, quienes llegaron a ese lugar hace meses por el desplazamiento forzado de sus comunidades en Oaxaca.

Las autoridades en lugar de hacer justicia y garantizar la no repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos, cómo son los actos de desplazamiento forzado. Por el contrario, aplican un gran operativo, usando recursos de la ciudadanía, para llevar a cabo otro desplazamiento forzado a las familias indígenas pero ahora por parte de las autoridades del Estado, reincidiendo en la violación de los derechos. Es indignante ver que no sólo sufren las mujeres, niñas y niños triquis por el desplazamiento forzado de sus comunidades y alto grado de vulnerabilidad en el que se encuentran, sino que buscando justicia encuentran la violencia policíaca, política y jurídica.

Este megaoperativo es una muestra de qué las autoridades, racistas y clasistas, tratan a las comunidades indígenas y a las defensores de los derechos humanos y el territorio como delincuentes del crimen organizado, enviándoles cientos de agentes, mientras que para buscar a los miles de desaparecidos en el país los equipos de búsqueda no llegan a una decena de elementos.

Con el uso de la fuerza despojaron de sus pertenencias a las familias triquis, algunas de sus cosas las tiraron a la basura y otras se las llevaron en camiones. Perdieron dinero, documentos oficiales, pertenencias personales entre otros objetos.

Durante el desalojo las autoridades amenazaron a las madres con llevarse a sus niños, argumentando que el secretario de gobierno Martin Batres, quien manda a Juan Gutiérrez Márquez para realizar el desalojo, recibió una queja anónima en la comisión de derechos humanos en la que denuncian que los niños triquis, que se encuentran en el plantón de Bellas Artes, están sin cuidados por parte de sus madres.

En el desalojo los policías golpean a un niño en el forcejeo de las pertenencias de los triquis, los policías dicen que quien le pegó al niño fue la mamá y la pretenden detener autoritariamente, la amenazaron de enviarle al DIF. Con estos actos lo que hacen estos funcionarios es estigmatizar la maternidad y criminalizar a las mujeres indígenas.

Después de retirar las pertenencias de los triquis, las autoridades insistieron en llevar a las personas en camiones a un supuesto albergue en Av. Rio Consulado en la delegación Venustiano Carranza. Lugar a donde les aventaron sus cosas en un terreno enrejado en condiciones insalubres, con basura y ratas. Alejar a los triquis de Bellas Artes son hechos que muestran una estrategia para invisibilizar las denuncias de la comunidad indígena. Posteriormente, encerraron a las familias prohibiendo su salida y que se movieran a una conferencia de prensa donde denunciaron los hechos. No sólo los despojaron con violencia y uso excesivo de la fuerza, sino que los secuestraron por unos minutos.

Año y medio han pasado y los triquis han realizado cuatro intentos de retorno a su comunidad, el último fue la semana pasada, otro supuesto que no se llega a nada, las mujeres de la organización contraria no las dejan regresar, no hay diálogo y ni mucho menos las condiciones de un regreso seguro.

Estos hechos son una evidencia más, un indicador, de que hay una embestida por parte de autoridades federales, estatales, municipales, de los tres órdenes, ejecutivo, legislativo, judicial. Quienes se coluden y coordinan para realizar estas acciones represivas, planeadas, entrenadas, organizadas y sobre todo ordenadas por altos funcionarios.

Las acciones de las autoridades no son dignas de servidores públicos, quienes, valga la redundancia, deben servir al pueblo. Sin embargo, sucede todo lo contrario, se sirven del poder que tienen con sus cargos públicos para abusar de su autoridad, ignorar a las familias triquis, ser omisos ante las violaciones de sus derechos, y todavía no conformes enviarán a los cuerpos policiacos, descuidando la seguridad de la ciudadanía, para violentar físicamente a las familias indígenas.

Las familias triquis son acusadas de demandar seguridad para poder retornar a sus comunidades y vivir en paz. Hacen un llamado a la sociedad para apoyarlos en sus demandas ante las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios del Estado.

sábado, 19 de febrero de 2022

Desalojo del Altepelmecalli “casa de los pueblos”: atentado a la libre autodeterminación de los pueblos originarios.

En el país se cometen 33.308 homicidios dolosos al año; 1004 feminicidios, 45 muertes de periodistas, 28 ambientalistas fueron asesinados tan solo el año 2021. La incompetencia de las autoridades posiciona a los servidores públicos en los primeros lugares de corrupción mundial. Además, las autoridades judiciales destacan en la cadena de responsabilidad con un 92,4 % de los delitos que se denuncian quedan en la impunidad.

En ese contexto alarmante de violencias generaliza, el 15 de febrero de 2022 a la 1:20 am en el estado de Puebla, un numeroso convoy con decenas de vehículos y más de 300 agentes de las policías estatales y municipales de Puebla junto con elementos de la Guardia Nacional recorren la carretera federal tramo Puebla-Huejotzingo a la altura del Municipio de J. C. Bonilla. Llevan a cabo un mega operativo y como pocas veces hemos visto existe una coordinación entre las corporaciones de los 3 niveles de gobierno.

Mientras tanto, en otro lado en una vecindad del barrio el Refugio de la capital de Puebla, ejecutan a un hombre y dejan un mensaje para la SSP y FGE (https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/ejecutan-hombre-en-el-refugio/?fbclid=IwAR3iF64MgdO39qoppBFC7zYL3wUfVpOxB4AdUQGrzlyyymgEZqQUeKAh35Y). Pero, invertir el gasto de los impuestos que se cobran a los ciudadanos en una movilización masiva policiaco-militar parece más importante para las autoridades.

En la carretera Puebla- Huejotzingo los automovilistas observan una larga fila con más 50 vehículos con agentes y piensan que seguro van por un pez gordo: son tantos policías que pareciera que se dirigen a detener a un peligroso grupo criminal de huachicoleros o narcotraficantes, o tal vez, por las dimensiones del operativo, que van a buscar a un estafador, un grupo de lavadores de dinero o por un político corrupto y prófugo como Ricardo Anaya. Pero los miles de pesos invertidos en gasolina, vehículos, pago de los agentes y los salarios de burócratas de los tres niveles de gobierno no persiguen asaltantes, tampoco secuestradores, asesinos o violadores, ni mucho menos van en busca de alguna de las 90 mil 34 personas desaparecidas y no localizadas.

El operativo no es lo que el sentido común imagina, el comando se dirige a reprimir ambientalistas al Altepelmecalli: casa de los pueblos, un centro cultural autónomo de los pueblos de la región cholulteca quienes habían habilitado este espacio para la cultura, la salud, la educación, agroecología y el cuidado de los ecosistemas de los pueblos campesinos tras tomar la empresa Bonafont del corporativo trasnacional Danone en agosto de 2021. Todo esto sucedió debido a que la población decidió poner alto a la extracción inmoderada de 1, 600,000 lts de agua diarios de los mantos acuíferos de la cuenta de los volcanes, acción que la empresa ha llevado a cabo durante más de dos décadas sin una regulación de las autoridades del estado.

Desde los años noventa del siglo pasado que se instaló la embotelladora los pozos artesanales de las familias de la región cholulteca han visto disminuir el nivel de agua. El resultado de la explotación ha sido la escasez del valioso líquido que las familias ocupan para alimentarse, para el uso doméstico y agrícola. Además, la extracción inmoderada de agua subterránea ha secado ríos, ameyales y mantiales en la región y de cuerdo a especialistas es una de las causas de la aparición del enorme socavón en Zacatepec, de acuerdo con un peritaje del Instituto Politécnico Nacional respaldado por investigadores de la UNAM (https://politica.expansion.mx/estados/2021/07/08/el-socavon-de-puebla-si-se-formo-por-sobreexplotacion-del-agua-senala-el-ipn / https://elpais.com/mexico/2021-07-18/la-zona-del-socavon-de-puebla-deber-ser-considerada-como-de-potencial-peligro-geologico.html).

La intención de la espectacular movilización policial-militar es tomar las instalaciones y desalojar a los defensores indígenas que se encuentras a su resguardo. El operativo cierra la carretera desaloja violentamente con agresiones y apuntando sus armas a los pobladores que estaban en las instalaciones los cuales logran salir sin ser detenidos, pero no así los animales que criaban, conejos, gallinas, cerdos y borregos, de quienes se desconoce su paradero. Estas acciones gubernamentales han puesto en alerta a la ciudadanía y ha provocado la indignación local, nacional y mundial. Queda claro con estos sucesos que estas corporaciones, que en teoría deben funcionar para cuidar de la seguridad de la población, se les mando a atentar contra defensores del medio ambiente pertenecientes a pueblos originarios.

Los hechos demuestran que en el régimen actual no existe una separación entre el poder económico y el poder político como tanto pregonan. La sociedad ha reprobado este acto de criminalización de defensores del medio ambiente y cuestionan las decisiones de las autoridades ¿para qué descuidar la seguridad pública del general de la población y montar un mega operativo con cientos de agentes para desalojar violentamente a defensores del medio ambiente?, ¿Por qué las autoridades no hacen válido en los hechos el artículo 2 de la constitución y al principio de determinación de los pueblos?, ¿Por qué regresarle a la empresa las instalaciones aun advertidos por científicos de todos los daños ecológicos, económicos, culturales, políticos y sociales que ello conlleva?

Altepelmecalli casa de los pueblos: centro cultural autónomo

En el año 2021 habitantes de distintos pueblos volcaneros cholultecos decidieron proteger el agua y detener el saqueo de este valioso recurso – el cual es un derecho y no una mercancía por cierto- por parte de la empresa Bonafont en la población de San Mateo Cuanalá, municipio de J. C. Bonilla en Puebla. En un contexto de intimidación policial y gubernamental. Tras el movimiento de defensa del río Metlapalapa en 2020 ante la contaminación empresarial y la enorme preocupación e indignación por la aparición del socavón el año pasado. En asamblea, 20 pueblos originarios decidieron tomar las instalaciones de la embotelladora, detener la extracción inmoderada de agua y con ello terminar con la explotación de los mantos acuíferos, y con la escasez de los pozos de agua de la población.

La acción de los pueblos fue hacer válido su derecho a la libre autodeterminación, a su derecho universal de acceso al agua, además de conservar, mejorar su hábitat y preservar la integridad de sus territorios. Con base en esos principios llegaron a un acuerdo en el que las instalaciones de la empresa extranjera serían transformadas en un espacio para la cultura y autonomía, mientras observaban y se alegraban de ver como los niveles de agua de sus pozos regresaban a niveles que hace años no tenían.

Cabe recordar, que los pueblos cholultecos antes de la toma de la empresa llamaron a los gobiernos y a la empresa al diálogo para resolver su problema de explotación del agua. Los llamados representantes del pueblo, es decir, el gobierno junto con las empresas no acudieron al llamado de la población para solucionar el problema. Los llamados al diálogo por parte de los habitantes fueron ignorados, despreciados, las autoridades han sido omisas a atender las demandas de la ciudadanía generando la molestia de los habitantes contra las autoridades. Por el contrario, los gobiernos en lugar de tener en cuenta los llamados como servidores públicos han implementado mecanismos de intimidación policíaca contra la población, realizando rondines constantes en los que se toman fotografías, usan drones para espiarlos, amenazas, e incluso han enviado a golpeadores locales comandados por presidente municipal para atentar contra los defensores ecologistas, acciones que han puesto en una situación grave de inseguridad y alta vulnerabilidad a vida y los derechos de los defensores ecologistas.

Una de las decisiones importantes tras la toma pacífica de los 20 pueblos originarios cholultecas fue seguir la vía jurídica para formalizar la transformación del inmueble en un espacio para uso público y cultural de los pueblos, lo que significa para estas comunidades originarias construir en un espacio de explotación y muerte de la vida, un proyecto de vida. Acordaron meter un decreto de expropiación por causa de utilidad pública y han transformado el espacio en un centro cultural autogestionado.

En el Altepelmecalli emergieron formas alternativas de servir al pueblo, mismas que se distancian en demasía a los modelos de atención que brindan las instituciones de educación y cultura del estado, las cuales se han caracterizado por funcionar - si a eso que hacen hoy se le puede llamar función- sin recursos, con empleados elitistas que administran las actividades culturales bajo procesos de burocratización donde toda actividad cultural queda acaparada en sus manos, situación que limita el acceso libre de la población en general a la cultura.

En la casa de los pueblos ha sucedido todo lo contrario a lo que ocurre en estos espacios estatales, los defensores del medio ambiente al no servir para intereses partidistas o grupos de elite los servicios culturales que ofrecieron en el Altepelmecalli estaban libres de esas relaciones sociales selectivas y excluyentes, todo mundo. Lo que hicieron los pobladores de transformar una empresa extractivita y explotadora de sus trabajadores en un centro cultural autónomo, no es más que la expresión de un pueblo que ha tenido la capacidad para producir un proceso autonómico para decidir y ejercer por ellos mismo el tipo de educación y cultural que quieren para sus vidas. Los pueblos originarios cholultecas no quieren el desarrollo capitalista industrial en su territorio, lo que quieren es la autonomía y llevar a cabo estos procesos educativos a través de la autogestión y en interacción con la sociedad civil, colectivos y organizaciones de distintas partes del mundo que sirven a los pueblos para tener su desarrollo propio.

En el centro cultural Altepelmecalli casa de los pueblos las actividades se enfocaban en la educación, la salud, la agricultura, la comunicación, el cuidado del territorio, basados en las artes y las ciencias. Daban talleres de regularización, serigrafía, pintura, música, atenciones médicas, habilitaron un espacio para las mujeres y una nutrida biblioteca con donaciones generosas. De igual forma en lo que era un estacionamiento lo usaron como un auditorio al aire libre. También contaban con espacios donde se criaban animales: borregos, gallinas, cerditos, se cultivan setas y se producen abonos agroecológicos como áreas demostrativas y pedagógicas con la dialéctica de la comunalidad del aprendo-enseño, enseño-aprendo, generando un interconocimiento entre los asistentes y las comunidades basa en la experiencia práctica, el compartir y por supuesto en las discusiones teóricas.

En las jardineras sembraron flores y en la entrada del inmueble donde habían instalado el plantón se convirtió en un comedor comunitario cuya cocina era atendida por señoras a quienes se les caracteriza por preparar platillos con recursos de la región con esfuerzo y ese gran corazón y cariño alimentan a sus familias, a sus pueblos y al centro cultural. También realizaban prácticas de economía solidaria, llevaron a cabo rifas para autofinanciarse y cada mes instalaron un mercadito de trueque. Se gestó la participación ciudadana para la defensa de la vida y ello significó también la recuperación del tejido social comunitario.

Asimismo, las actividades convirtieron el espacio en un centro de gravedad para la defensa de la vida y pueblos que luchan para defender sus territorios y su autonomía. El Altepelmecalli recibido cientos de personas de múltiples geografías, locales, nacionales e internacionales con quienes en foros de análisis compartieron el diagnóstico: la enfermedad que viven los pueblos es el cáncer del modelo capitalista que despoja, explota y convierte en mercancías los territorios y los modos de vida de la civilización humana. La receta es la organización y la autonomía para la defensa de sus territorios.

Acudieron a eventos y actividades habitantes de pueblos originarios de todo el país, defensores del medio ambiente, estudiantes, organizaciones sociales y académicos renombrados han realizado encuentros con temáticas variadas: sobre el campo, encuentros de mujeres, educación autónoma, mapeos comunitarios en la defensa del territorio, conferencias de prensa para denunciar las violaciones a los derechos humanos, encuentros contra gasoductos, etc. Reiterando lo antes dicho, lo que llevaron a cabo los pobladores en el Altepelmecalli es aplicar el principio de determinación de los pueblos por medio de un conjunto de prácticas autonómicas que significan el desarrollo que quieren los pueblos para ellos, no los proyectos extractivos e industriales que solo les traen despojo, contaminación, individualismo, ignorancia y contados empleos con salarios precarios.

Con ello, los pueblos originarios de la región cholulteca han demostrado en el Altepelmecalli que transformar un espacio de muerte en uno de vida no solo ha significado la defensa del agua sino también una fórmula alterna al paradigma de los servicios educativos y culturales de la burocracia política e institucional del estado que limita, excluye y simula tras no cumplir los objetivos asignados para servir a la población.

Demandas de la sociedad a los órdenes de gobierno

Académicos, organizaciones sociales y observadoras de derechos humanos, colectivos e instituciones locales, nacionales e internacionales han realizado un llamado a las autoridades a apegarse a los principios de libre determinación de los pueblos indígenas y campesinos. Ha detener la criminalización de los defensores ambientales y devolver a los pueblos el predio que entregó a la empresa Bonafont del corporativo Danone y con ello continúe la función pública del centro cultural autónomo Altepelmecalli casa de los pueblos. Instan a las autoridades a hacer válido el decreto de expropiación para utilidad pública del inmueble y continúe el proceso de desarrollo pedagógico propio de los pueblos de la región cholulteca. Asimismo, los defensores ambientales han hecho una llamado a la población local, nacional y mundial a solidarizarse y emprender un Boicot a la empresa francesa hasta que se retire de un territorio originario y deje de saquear el agua de los pueblos.

19 – febrero - 22

León Mayorga. Antropólogo social