Doble desplazamiento forzado y violaciones a los derechos humanos de la comunidad Triqui.

25-abril-2022

León Mayorga

Violencia armada, policial, despojos, discriminación racial y de clase, estigmatización, invisibilización, omisión, abuso de autoridad y constantes violaciones a sus derechos humanos viven día a día un grupo de familias Triquis de Tierra Blanca Copala, ubicada en la mixteca Oaxaqueña, mismas que tuvieron que abandonar sus casas y su territorio debido a las agresiones armadas de grupos paramilitares.

Desde diciembre de 2020, 143 familias Triquis fueron desplazadas forzadamente de sus comunidades, algunas de ellas se movilizaron a la Ciudad de México para demandar a las autoridades federales apoyo para que puedan regresar con tranquilidad a sus hogares. Durante 15 meses permanecieron en un plantón frente a la Alameda, frente a Palacio de Bellas Artes, solicitando a las autoridades los apoyen para no ser atacados por grupos paramilitares y así retornar a su comunidad en condiciones de seguridad, con la garantía de no ser asesinados.

Sin embargo, durante la madrugada de este lunes más de 100 elementos de la policía de la Ciudad de México montaron un megaoperativo en el que formaron un cordón de seguridad cerrando calles aledañas a Bellas Artes. Movilización que hace imaginar a los transeúntes que pasan por ese lugar, que esos elementos policiacos se dirigen a capturar a peligrosos criminales. Pero no es así, los agentes se trasladan al plantón de la comunidad Triqui, quienes llegaron a ese lugar hace meses por el desplazamiento forzado de sus comunidades en Oaxaca.

Las autoridades en lugar de hacer justicia y garantizar la no repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos, cómo son los actos de desplazamiento forzado. Por el contrario, aplican un gran operativo, usando recursos de la ciudadanía, para llevar a cabo otro desplazamiento forzado a las familias indígenas pero ahora por parte de las autoridades del Estado, reincidiendo en la violación de los derechos. Es indignante ver que no sólo sufren las mujeres, niñas y niños triquis por el desplazamiento forzado de sus comunidades y alto grado de vulnerabilidad en el que se encuentran, sino que buscando justicia encuentran la violencia policíaca, política y jurídica.

Este megaoperativo es una muestra de qué las autoridades, racistas y clasistas, tratan a las comunidades indígenas y a las defensores de los derechos humanos y el territorio como delincuentes del crimen organizado, enviándoles cientos de agentes, mientras que para buscar a los miles de desaparecidos en el país los equipos de búsqueda no llegan a una decena de elementos.

Con el uso de la fuerza despojaron de sus pertenencias a las familias triquis, algunas de sus cosas las tiraron a la basura y otras se las llevaron en camiones. Perdieron dinero, documentos oficiales, pertenencias personales entre otros objetos.

Durante el desalojo las autoridades amenazaron a las madres con llevarse a sus niños, argumentando que el secretario de gobierno Martin Batres, quien manda a Juan Gutiérrez Márquez para realizar el desalojo, recibió una queja anónima en la comisión de derechos humanos en la que denuncian que los niños triquis, que se encuentran en el plantón de Bellas Artes, están sin cuidados por parte de sus madres.

En el desalojo los policías golpean a un niño en el forcejeo de las pertenencias de los triquis, los policías dicen que quien le pegó al niño fue la mamá y la pretenden detener autoritariamente, la amenazaron de enviarle al DIF. Con estos actos lo que hacen estos funcionarios es estigmatizar la maternidad y criminalizar a las mujeres indígenas.

Después de retirar las pertenencias de los triquis, las autoridades insistieron en llevar a las personas en camiones a un supuesto albergue en Av. Rio Consulado en la delegación Venustiano Carranza. Lugar a donde les aventaron sus cosas en un terreno enrejado en condiciones insalubres, con basura y ratas. Alejar a los triquis de Bellas Artes son hechos que muestran una estrategia para invisibilizar las denuncias de la comunidad indígena. Posteriormente, encerraron a las familias prohibiendo su salida y que se movieran a una conferencia de prensa donde denunciaron los hechos. No sólo los despojaron con violencia y uso excesivo de la fuerza, sino que los secuestraron por unos minutos.

Año y medio han pasado y los triquis han realizado cuatro intentos de retorno a su comunidad, el último fue la semana pasada, otro supuesto que no se llega a nada, las mujeres de la organización contraria no las dejan regresar, no hay diálogo y ni mucho menos las condiciones de un regreso seguro.

Estos hechos son una evidencia más, un indicador, de que hay una embestida por parte de autoridades federales, estatales, municipales, de los tres órdenes, ejecutivo, legislativo, judicial. Quienes se coluden y coordinan para realizar estas acciones represivas, planeadas, entrenadas, organizadas y sobre todo ordenadas por altos funcionarios.

Las acciones de las autoridades no son dignas de servidores públicos, quienes, valga la redundancia, deben servir al pueblo. Sin embargo, sucede todo lo contrario, se sirven del poder que tienen con sus cargos públicos para abusar de su autoridad, ignorar a las familias triquis, ser omisos ante las violaciones de sus derechos, y todavía no conformes enviarán a los cuerpos policiacos, descuidando la seguridad de la ciudadanía, para violentar físicamente a las familias indígenas.

Las familias triquis son acusadas de demandar seguridad para poder retornar a sus comunidades y vivir en paz. Hacen un llamado a la sociedad para apoyarlos en sus demandas ante las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios del Estado.