martes, 28 de noviembre de 2023

Foro: Pueblos en la defensa de los ríos y la vida

El 26 de noviembre en la explanada del centro de la localidad de Zacatepec, municipio J. C. Bonilla en Puebla, se realizó el foro “Pueblos en defensa de los ríos y la vida”. Al encuentro se dieron cita participantes de diferentes pueblos de la región y de otras geografías de la república mexicana.

El evento dio inicio a través de la ofrenda y la ritualidad, elementos que forma parte de la perspectiva sagrada del mundo que tienen los pueblos originarios. Con humo de copal, sonido del caracol, del tambor y un agradecimiento a la madre tierra, fueron el preámbulo del foro. Pero antes de dar pie a las exposiciones, dieron su palabra de apertura.

Saludaron y dieron la bienvenida a los asistentes. Señalaron que, desde la concepción de los pueblos originarios, “La tierra es nuestra, y no en el sentido de apropiación” sino del vinculo que tienen los pueblos con su territorio, puesto que todo lo que habita en él es vida, y como pueblos están vinculados con el río, el agua, los animales, las plantas.  

Desde la mirada de los pueblos indígenas no existe una separación entre la sociedad y la naturaleza, por el contrario, existe una relación de filiación, vinculación y apego con todo lo que está en su territorio, puesto que todos los seres humanos y no humanos tiene vida: la tierra, los ríos, los cerros, los volcanes, el agua, las plantas, los animales son una extensión de una gran familia no antropocéntrica.

Compartieron qué para los pueblos el rio es su hermano, el agua su hermana y la tierra es la madre de los pueblos y la ven con ternura. Los árboles también son hermanos y los abuelos les enseñaron a hablar con ellos. Los animales igual, son parentesco, con los cuales también tiene una sabiduría heredada de los ancestros que les permite entender los animales. dieron como ejemplos las señales que perciben del comportamiento de las aves: anuncian la muerte, el viento, la lluvia, el atardecer y el amanecer, la primavera o el invierno. Con esa sabiduría de respeto, les enseñaron a pedir permiso cada que se corta un árbol, o que se siembra o se cosecha, y saber agradecer por ello.

Para los pueblos indígenas el agua no es una mercancía, ni un derecho, es vida. Por lo tanto la defensa del río, del agua y el territorio es una defensa por la vida y desde esa mirada compartieron su palabra.

Las experiencias en la defensa de los ríos y la vida

En el foro expresaron su palabra participantes de diferentes lugares de Puebla y la república quienes con sus organizaciones defienden el territorio y el agua:

Yucatán

Participantes de la “Asamblea de Defensores del Territorio Múuch Xiinbal” en la península de Quintana Roo en Yucatán, defienden el agua y los ríos subterráneos ante los trabajos del tren Maya, además de la explotación y contaminación de los cenotes. La Asamblea forma parte del trabajo que realizó el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza quienes en julio de este año condenaron al Proyecto del tren maya como ecocidio y solicitó su cancelación. Compartieron que, aunado a la construcción del tren como parte de los problemáticas que hoy en dia viven los habitantes nativos de las localidades es la restricción al mar, no tienen acceso a las playas privadas debido a la industria turística.

Tlaxcala

De Tlaxcala  acudieron integrantes del “Colectivo de defensores de la identidad y el territorio en Tlaxcala”, conformado a través de la vinculación con distintos pueblos que defienden el territorio en este estado de la república.  

En la exposición dieron cuenta de los problemas que los aquejan con la deforestación de la Matlalcueyetl (Montaña Malinche) por parte de tala montes, además de los problemas que afectan el territorio de los pueblos con la urbanización y la industrialización que les imponen los gobiernos. Se ven afectadas las comunidades por las construcciones de unidades habitacionales y por empresas verdes que han instalado campos de paneles solares deforestando campos de árboles y magueyes, áreas que se han visto afectadas alterando los microclimas y el ambiente en la zona. La resistencia ha sido criminalizada y tienen compañeros presos por defender el territorio. Además anunciaron que recibirán en territorio tlaxcalteca la 4ta asamblea por el agua en el mes de marzo de 2024.

Jalisco

Otra experticia que compartió su palabra fue la organización “Un salto de vida”. Explicaron que en el estado de Jalisco muchas poblaciones están siendo afectadas por la contaminación del río Santiago. La organización, compartió su experiencia en la denuncia de las afectaciones que viven los pobladores de por lo menos 20 municipios que viven cerca del río y que se ven afectados por la descargas en la parte alta de la cuenca Lerma Chapala Santiago. Además señalaron, que en aquella región, otra serie de afectaciones ambientales están presentes debido a la contaminación por la industria, la instalación inmobiliaria, los basureros, y cambios de uso de suelo del bosque, así como la expansión del monocultivo de agave que también ha afectado a poblaciones de la entidad.

Mixteca Poblana

Integrantes de la escuelita Autónoma “Caracol que canta al universo” señalaron la situación en la zona semiárida de la Mixteca poblana. Caracterizada por ser una zona con carencia del recurso,  explicaron que en Santa Clara Huitziltepec la problemática de acceso al agua se debe a la  explotación y el acaparamiento. Los habitantes de esta población solo cuentan con un pozo público para abastecerse y constantemente tiene problemas de funcionamiento por alguna falla, por lo que en estos tiempos proliferan las pipas de agua. Aprovechándose de esa situación agentes privados que cuentan con pozos en la zona explotan y venden el recurso no solo a particulares sino también el mismo gobierno compra agua a los privados para el abastecimiento de la población. El abuso de los privados ha sido tal que valiéndose de la escasez los dueños de estos pozos de particulares están pidiendo al gobierno cada vez más y más dinero por el recurso.

Además, otra problemática en la región es el cultivo de la pitahaya, debido a que el riego de esta planta demanda mucha cantidad de agua y en la zona proliferan en estos tiempos este cultivo debido al alto precio de la este fruto en el mercado, mientras escasea el agua para muchos sectores de la población.

UPVA 28 octubre

Por parte de “La unión popular de vendedores ambulantes 28 de octubre” señalaron la importante de combatir al capitalismo, debido a que este modelo no solo trae la explotación del pueblo, sino también es el responsable de la contaminación de los ríos. Expresaron que para combatir los efectos de este sistema es importante la vinculación de la organización con otros sectores, no solo el obrero, el de comerciantes con quienes han trabajado desde hace décadas el derecho al trabajo, en el escenario actual para combatir al capital es necesario la vinculación con pueblos afectados por los proyectos capitalistas.

Pueblos Unidos de la región Choluteca, Puebla

Por su parte “Pueblos Unidos de la Región Choluteca” y “Guardiana del río Metlapanapa” compartieron su experiencia con la defensa del rio. En el año 2019 empresas industriales del parque industrial de Ciudad textil en Huejotzingo junto con las administraciones de gobierno intentaron instalar un drenaje para con descargas de desechos tóxicos al río en territorio vecino del Municipio de J.C. Bonilla en la localidad de Zacatepec.

Pobladores, en su mayoría mujeres, se organizaron e instalaron un plantón para impedir la instalación de la tubería y detener la contaminación de su río. Lograron detener la obra, no obstante sufrieron la represión con granaderos, el hostigamiento policiaco, la criminalización y persecución judicial.

La comisión de salud de la organización resaltó algunas de las actividades que han llevado a cabo para prevenir y detectar riesgos de salud a través de brigadas en 5 pueblos para la detección temprana de enfermedades. Explicaron los tipos de químicos que son vertidos en las descargas de desechos tóxicos a los ríos y las enfermedades que producen en las poblaciones. Señalaron lo peligroso que es la industria contaminante ubicada en la cuenca del Atoyac donde se ha detectado la presencia de metales pesados vinculados con casos de cáncer, Leucemia, parálisis, insuficiencia renal entre otras enfermedades que ya se están presentando en las poblaciones de la región.

Concluyeron, después las brigadas de la comisión de salud, que enfermar no es una decisión es una imposición, mencionaron que en esas jornadas observaron que los pobladores reconocen un antes y después de la instalación de la industria en la zona y las enfermedades.

 Rumbo a la 4ta asamblea nacional

Después de las exposiciones compartieron experiencias y en asamblea trabajaron estrategias que implementarán para la defensa de los territorios, del agua y de la vida.

La actividad del foro realizado el pasado domingo es parte de las actividades previas a la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida. Anunciaron que la cuarta edición se llevará a cabo en los pueblos de la Matlalcueyetl en Tlaxcala en el mes de marzo de 2024.

28 noviembre 2023

Por: L. Mayorga


miércoles, 5 de julio de 2023

Criminalización contra Miguel López Vega y Alejandro Torres Chocolatl: un caso de violencia política contra los defensores del territorio.

05 / julio / 2023

Por: Leòn Mayorga

El caso de Miguel López Vega y Alejandro Torres Chocolatl, defensores del territorio en la región de los pueblos cholultecos de los volcanes, es un claro ejemplo de autoritarismo, violencia política y criminalización por parte de funcionarios públicos de los diferentes órdenes de gobierno. 

Los defensores han sido criminalizados por defender el río Metlapanapa de la contaminación de desechos tóxicos por parte de la industria ubicada en la zona. Empresas del parque industrial ciudad textil, instalado en el municipio de Huejotzingo, llevan más de una década perpetrando un ecocidio que atenta contra todo tipo de vida: el agua, la tierra, la flora, fauna y la vida humana, debido a que descargan aguas negras sin tratamiento residual al río y tierras agrícolas del municipio vecino J. C. Bonilla.

El 24 de enero de 2020 Miguel López Vega fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla justo en el momento en que salía de la Dirección de Gobierno del Estado de Puebla, para interponer un amparo en materia de autonomía de pueblos originarios. Ese acto represivo lo convirtió en el primer preso político del nuevo régimen del partido Morena.

Fue acusado sin prueba alguna por participar en una protesta pacífica, el 29 de octubre de 2019 en Santa María Zacatepec, y oponerse junto a muchos pobladores a la contaminación del rio. Ante la omisión de las autoridades de atender a los afectados ambientales, la respuesta de los funcionarios públicos fue a través del uso excesivo de la fuerza enviando a reprimir a la policía estatal y la Guardia Nacional a los pobladores inconformes. A Miguel se le imputaron, más bien, le inventaron los delitos de oposición a que se ejecute una obra pública, ataques a las vías generales de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte.

Fue hasta el 29 de enero de 2020, tras la indignación y presión de la sociedad cuando fue liberado bajo medidas cautelares. Desde ese momento ha vivido años intimidado por los funcionarios del poder judicial y de las corporaciones policiales quiénes han hecho uso ilegítimo de esta tipología penal como una de las formas de intimidación, criminalización y estigmatización de la protesta social.

Asimismo, a Alejandro Torres Chocolatl le pretenden imputar los mismos cargos por los que Miguel López ha sido absuelto. El 30 de julio de este año fue víctima de una detención ilegal, prácticamente fue presa de levantón, de un secuestro ejecutado por agentes ministeriales sin ningún fundamento legal: sin orden de aprehensión y sin leerle cargos fue detenido durante aproximadamente 4 horas por agentes ministeriales de la casa de Justicia en Cholula. 

La movilización de sus compañeros y compañeras defensoras, acompañada de la solidaridad de organizaciones locales, nacionales e internacionales impidieron que fuera encarcelado. y han hecho visible este denigrante acto en distintos medios de comunicación y redes sociales.

A todas luces, estos actos de criminalización contra los defensores del río Metlapanapa han sido planeados y ejecutados por el capital, el poder económico que pretende despojar a los pueblos de su territorio: sus tierras, sus ríos, su vida como pueblos originarios. 

Megaproyectos y violencia política 

La colusión entre clase política y empresarial para atacar a Miguel y a Alejandro a partir de un proceso judicial y buscar encarcelar a los comunicadores comunitarios es una manera de intimidar y afectar no sólo a él, sino a los movimientos de defensores ambientales “Guardianas del río Metlapanapa”, es un acto de violencia y necropolítica.

Los pueblos nahuas de la región de los volcanes han sido afectados por la violencia política. Entendiendo por violencia política a las distintas formas de agresión y terror que ejercen y administran autoridades oficiales contra aquellos que se oponen en nombre de un movimiento social a las políticas del régimen de estado. Desde hace más de diez años los pueblos volcaneros han sufrido el terrorismo de estado a partir de la imposición del “Proyecto Integral Morelos” para instalar una termoeléctrica y un gasoducto, obras que han afectado a cientos de poblaciones. 

Los defensores del territorio han sido víctimas de diversas formas de violencia, la cual es administrada en un proceso y por una red de agentes del estado, empresariales y grupos criminales, quienes, por fuera de todo margen de la legalidad, de justicia y de vida digna, han aplicado contra la población opositora: Intimidación, amenazas, agresiones corporales y verbales, criminalización, estigmatización, corrupción, detenciones ilegales y el asesinato. 

A groso modo los opositores a los megaproyectos han recibido intimidaciones a partir de violencia judicial y política que utilizan para imponer sus intereses contra los pueblos; inventado cargos contra los opositores; metiéndolos presos o sometiéndolos a procesos judiciales en los que tienen libertad limitada pues los obligan a firmar cada semana en los juzgados. De esta manera el poder político, judicial y empresarial se coluden para aplicar y administrar las formas de represión y miedo contra la población afectada.

Podemos mencionar algunos casos de procesos judiciales en esta década a quienes se les han inventado cargos para detenerlos y encarcelarlos.  En 2014 Enedina Rosas y Juan Flores junto a otros pobladores y activistas fueron presos políticos de Moreno Valle y Peña Nieto. En la actual administración de la 4T también han aplicado la judicialización para criminalizar a los comunicadores Miguel López y Alejandro Chocolatl. Quiénes son defensores de la vida, de su territorio, representantes comunitarios, además de que participan y son integrantes de varias organizaciones como el Frente de Pueblos Defensa de la Tierra y el Agua–Morelos, Puebla, Tlaxcala, Guardianas del río Metlapanapa, Pueblos Unidos de la Regiòn Cholulteca y del Congreso Nacional Indígena.

En las violencias físicas y amedrentamiento el poder económico y político utilizan a los corporativos policiales, militares o grupos criminales. Las guardianas y guardianes del territorio han recibido amenazas de muy diversas formas e intimidaciones por ejemplo con seguimientos por parte de agentes policiacos en patrullas. O en operativos para cometer los despojos han utilizado a las corporaciones para resguardar a los constructores de las obras de los megaproyectos y utilizan a la fuerza pública contra los pobladores inconformes.

Los defensores también son víctimas de ataques en las redes sociales y la estigmatización en medios de comunicación de paga locales, así como también viven agresiones por parte de algunos pobladores de las mismas comunidades. Incluso, la violencia que se ha ejercido ha sido tan grave y alarmante que han llegado al asesinato. En 2019 atentaron contra el comunicador y defensor nahuatl Samir Flores, crimen que continúa impune hasta la fecha.

Los efectos de la violencia política son múltiples y van desde cuestiones particulares hasta colectivas. Sufren afectaciones psicológicas como estrés, ansiedad y depresión con los daños físicos que conllevan y psicosociales como la ruptura del tejido social en relaciones de familia, de amistad, de vecindad y de comunidad. Por ejemplo, para impulsar estos megaproyectos industriales han aplicado contra las poblaciones la compra de voluntades: usan el dinero y las influencias políticas para comprar conciencias de algunos pobladores para que aprueben los proyectos, y enfrenten a los opositores y de esta manera imponerse a partir de dividir a las comunidades.

Aunado a ello, la urbanización y la industrialización de la zona han dejado también afectaciones ambientales. El ecosistema del territorio ha sufrido pérdida de biodiversidad en flora y fauna, contaminación de la tierra, del aire y del agua de los ríos, ameyales, mantos freáticos, estrés hídrico, erosión de la tierra y hundimientos en socavones de cientos de metros.

En resumen, la violencia política ejercida contra los defensores del medio ambiente y de la vida colectiva campesina es procesual, es decir, se dan a través del tiempo; es administradas agravándose en ciertos momentos y contra determinadas personas de los movimientos, y deteniendo las agresiones en otros instantes. Asimismo, esa violencia es diversa y se conjuga entre múltiples tipos de violencias: violencias políticas, jurídicas, económicas, físicas, cotidianas, simbólicas.

Los agresores no son sujetos aislados, sino redes de personas incrustadas en los tres poderes de la unión del estado mestizo mexicano: el ejecutivo, el legislativo y el judicial; de los distintos órdenes municipales, estatales y federales; y en alianza con empresarios mexicanos y extranjeros quienes confabulan para atacar a los opositores para así imponer sus intereses económicos  y políticos, es decir, ejercer el poder de clase, de etnia, de género.

La clase política partidista y el poder judicial incrustados en redes de corrupción con empresarios son los generadores de la violencia y el despojo contra pueblos originarios y defensores del medio ambiente. Son ellos quienes administran esas distintas formas de violencia contra la vida y la salud de los pueblos originarios que se oponen dignamente a los proyectos de muerte.

Las palabras de Miguel antes de su audiencia judicial el 26 de abril realizada en Cholula explican la situación de los defensores:

“Han ido trazando todo este proceso penal hacia el movimiento, hacia todas las personas que luchamos y que no queremos el proyecto de contaminación del río Metlapanapa está bien claro lo que quiere hacer CEAS Puebla, el MP, la fiscalía, el gobierno federal, el gobierno del estado y no quieren que uno se organice, Desde esta casa de la injusticia en Puebla. Esa es la intención, la división, el silencio, el miedo, el terror, para qué, para que puedan llevar a cabo este tipo de proyectos.”


Imagen tomada de Redes Sociales



miércoles, 22 de febrero de 2023

No es sequía es saqueo: 2da Asamblea Nacional por el Agua y la Vida

 

Ubicado en la región Nhonho en el Estado de Querétaro, Santiago Mexquititlàn, Amealco, es uno de los cientos de pueblos golpeados por el despojo del agua. El 31 de marzo del 2022 la población de esta localidad se organizó para impedir que privados continúen llevándose en pipas el vital líquido de la comunidad para vender y lucrar con el derecho al agua y al territorio de los locales.

Las autoridades municipales y estatales, para disuadir el movimiento de resistencia, han tratado de persuadir a la población para comprarles su derecho al agua y la vida, ofreciendo a la población tanques de agua, o pipas, a cambio de ceder el agua a privados, es decir, han buscado poner precio a la voluntad del pueblo. Sin embargo, los pobladores en resistencia, aun bajo el hostigamiento y la represión del gobierno municipal y estatal, desde hace dos años se han negado a ceder su derecho. Bajo acuerdo de asamblea, la convicción del pueblo ha sido continuar con la toma del pozo, haciendo uso legítimo de su libre determinación.

“El agua es vida y la vida se defiende”

El 18 y 19 de febrero Santiago Mexquititlán fue sede de la Segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida. Reunió a integrantes de distintos pueblos indígenas y campesinos, a organizaciones sociales, colectivos, activistas, académicos. Todas esas personas de buen corazón, como granos unidos en una mazorca, se han articulado para denunciar y visibilizar el saqueo del agua, la explotación, la contaminación, el despojo y las violencias de Estado, de grupos empresariales y del crimen organizado.

Organizados en mesas de trabajo analizaron las caras del despojo de la hidra capitalista. En un diálogo expresado en varias lenguas indígenas y en castellano, hablaron, se escucharon, se hermanaron y abrazaron para buscan construir un conjunto de propuestas en común que aplicaran en sus pueblos, comunidades, ciudades, barrios y colonias a partir la autogestión, la resistencia, la organización, la autonomía y libre determinación de los pueblos para decidir sobre el agua, sus vidas y sus territorios.

Recordaron el contexto de violencia capitalista en México, la guerra de despojo se expresa en pobreza, enfermedades, violencias, las desapariciones forzadas, secuestros, desplazamiento forzado, paramilitarismo, presos políticos, feminicidios, discriminación, racismo, misoginia, contaminación, corrupción, asesinatos contra defensores y guardianes del agua, el territorio y la vida. Las vidas de estas poblaciones y los derechos humanos están siendo ultimados impunemente.

Hablaron sobre las herramientas que necesitan para combatir la hidra y fortalecer la defensa del agua y el territorio. Compartieron las experiencias que han vivido y las estrategias que han ocupado para luchar contra el saqueo. Proponen llevar a cabo voceros, asambleas, radios comunitarias para informar al pueblo y denunciar las violaciones a los derechos humanos, así como organizarse para el acompañamiento en los procesos judiciales. Asimismo, afirman que esta lucha es sólo en sus territorios, sino que es parte de una guerra planetaria capitalista articulada local, nacional e internacionalmente. 

Concuerdan en que la autonomía y la autodeterminación son el horizonte que les permitirá detener el saqueo. la cual lograrán a partir de la autogestión, la vinculación entre las organizaciones locales y las redes de apoyo locales, nacionales e internacionales con quienes realizarán acciones coordinadas en defensa del agua y la vida. 

Las políticas sobre el agua

La Asamblea Nacional en Defensa del Agua y la Vida representa “la otra política del agua”, es la propuesta del México Profundo, el proyecto de los pueblos originarios. Aquellos que han sido invisibilizados por la mayoría de los medios de comunicación de masas y populares, ignorada y atacada por el racismo y el desprecio de las clases altas y de los grupos de poder. La lucha de estos pueblos es clara: es desde abajo, es por la vida, y es profundamente anticapitalista, anticolonial, antipatriarcal y apartidista,

Los proyectos políticos sobre el agua están jerarquizados. El poder hegemónico sobre el agua en la sociedad mexicana está concentrado en las acciones de la clase política y empresarial: propuestas que podemos definir como capitalistas, partidistas y machistas. Para los partidistas el agua la deben administrar a su antojo e intereses agentes del Estado y/u empresariales; mientras la política de la derecha el agua es una mercancía y lo que buscan es la privatización empresarial del agua; los de izquierda partidista creen que el estado debe ser el administrador de este recurso y se enarbolan con el discurso de los derechos humanos, pero en la práctica asumen el vacío pragmatismo político que les caracteriza y acuerdan con los de derecha el acaparamiento del recurso. Aquí, los gobiernos progresistas de izquierda no se diferencian de los de derecha, en el fondo comparten ser parte de proyectos de despojo de los recursos, son extractivas y acaparadores de los recursos del pueblo.

“La otra política del agua”, es la política de los pueblos originarios, indígenas y campesinos. Para los pueblos originarios, indígenas y campesinos el agua no es vil mercancía capitalista. Para ellos el agua es sagrada, es la fuente de vida. Los ríos, los manantiales, los lagos, las lagunas, la lluvia son parte del territorio y todo aquello que existe en él, es familia, son parientes, son seres de vida con los que se tiene una relación filial no consanguínea, sino cosmogónica, forman parte íntegra de la comunidad de los pueblos. Ellos no son de izquierda o derecha, son de la vida y la madre tierra.

Los pueblos tienen claro el diagnóstico de la crisis hídrica: “No es sequía es saqueo”. Desde esta postura el agua es de y para todas y todos, ciudades y pueblos. Rechazan que sea el Estado y las empresas privadas quienes decidan sobre el uso del recurso. Proponen que los ciudadanos, el pueblo organizado, nos hagamos cargo del proceso de la gestión del agua. Asambleas ciudadanas y consejos locales deben ser los instrumentos para administrar y proveer a todas y todos el agua.

¿Qué sigue?

La asamblea va creciendo. El 27 y 28 de agosto de 2022 en Santa María Zacatepec, Puebla, se realizó la Primera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida con cerca de 300 asistentes. En esta segunda edición en Santiago Mexquititlán, Amealco Querétaro, acudieron al llamado más de 500 personas de 18 entidades del país, así como participantes de 6 países del mundo.

Anunciaron que los días 12 y 13 de agosto de 2023 se llevará a cabo la Tercera Asamblea Nacional en el Pueblo Originario de Xochimilco para dar continuidad a los trabajos alcanzados en esta Segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.

Finalmente, exigieron

•         La presentación con vida de Antonio Díaz Valencia y Ricardo Arturo Lagunes Garza, quienes desaparecieron desde el pasado 15 de enero en Aquila Michoacán.

•         La inmediata presentación con vida de nuestros 43 hermanos normalistas de Ayotzinapa. Han transcurrido más de 8 años sin verdad y sin justicia, desde la Cuarta Transformación solo se ofrece impunidad y silencio.

•         Alto a la represión policiaca municipal y estatal en contra de la comunidad indígena maya SITILPECH e Izamal en Yucatán, el hostigamiento y represión se acentúa más en las mujeres y adultos mayores, que defienden la vida, la tierra y el agua ante las granjas porcícolas con un plantón que mantiene la comunidad.

•         Exigimos justicia para la comunidad autónoma náhuatl de Ostula en Michoacán, por la reciente ejecución extrajudicial de tres integrantes de la Guardia Comunal y castigo a los culpables ligados al crimen organizado.

•         Cese a la criminalización y hostigamiento contra la comunidad Binnizá de Puente Madera en Oaxaca y la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) por su lucha contra el Parque Industrial del Corredor Interoceánico que quieren imponer en su reserva comunal El Pitallal que afectaría el agua de por sí escasa en la región.

•         Cierre del proceso judicial de los compañeros Miguel López Vega y Alejandro Torres Chocolat, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala.

•         Cierre de las carpetas de investigación de compañer@s del Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán, Amealco, Qro. y de los procesos judiciales contra tres integrantes de la REDAVI en Qro.

¡Hasta que la dignidad y la justicia se hagan costumbre!




Por: León Mayorga/Antropólogo social
22 de febrero 2023



lunes, 29 de agosto de 2022

El agua es vida no una mercancía: Primera Asamblea Nacional del Agua.



29-08-2022


El 27 y 28 de agosto se realizó en la comunidad de Santa María Zacatepec, Puebla, la 1er Asamblea Nacional del Agua. Acudieron al llamado defensoras y defensores del agua de 15 estados de la república con las mismas problemáticas; sobreexplotación del agua, contaminación, despojo a los pueblos del recurso, sequía y falta de acceso al imprescindible recurso. Asistieron representantes de comunidades de Veracruz, Nuevo León, San Luis Potosí, Chihuahua, Ciudad de México, Tlaxcala, Jalisco, Quintana Roo, Querétaro, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Puebla.


En el territorio, sede del primer encuentro nacional por la defensa del agua y la vida, ubicado en la cuenca de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, llevan décadas luchando contra el despojo. Ejemplo de ello es el cierre de la empresa Bonafont, además de verse afectados, los habitantes de estas comunidades originarias, por la sobreexplotación y contaminación Industrial del río Metlapanapa y del agua subterránea afectando los pozos artesanales de los habitantes de estas comunidades. En Zacatepec también han sido perjudicados por megaproyectos como el gasoducto del Proyecto Integral Morelos.


Sin agua no hay vida


El recibimiento y bienvenida al evento fue realizado por pueblos nahuas y tutunakú de Puebla. La primera asamblea nacional por el agua comenzó con una ofrenda con maíces, frutos, árboles, velas y al sonido del caracol, pidieron perdón a la tierra y al agua por la contaminación y afectaciones. A su vez agradecieron por el agua que provee de vida y su significado va más allá de ser solamente un recurso. 


Los pueblos originarios tienen una manera de ver y entender el mundo, para ellos el agua es al igual que la vida un elemento sagrado. El agua está lejos de ser una vil mercancía. El agua es todo y es esencia de la vida, tal como lo comentó Doña Gloria del pueblo nahua “Vienen a defender el agua, porque el agua no se vende, ya el gobierno la agarra como mercancía, pero no es una mercancía, es una vida de todo mundo y de todos los humanos y seres que vivimos en el mundo, sin agua nadie vive, yo quisiera oír alguien que diga que vive sin agua, todos vivimos a base del agua. Ni el mejor millonario que esté bañado en oro, si no tuviera agua no es nadie, entonces compañeros, compañeras, niños y niñas no encontramos en el recinto para defender el agua y defender la vida que es un tesoro para todos”.


Asimismo, todo lo que existe y habita en los territorios de los pueblos originarios es parte de una gran familia y el agua está muy lejos de ser solo un objeto para la subsistencia, para los pueblos es una entidad viva. El agua es madre, es hermana y es vida, el agua no sólo corre por el río, también toca, el agua canta y baila, siente y se enferma, y en ocasiones se muestra en forma antropomórfica. 


Los pueblos indígenas con sus conocimientos, sabiduría y espiritualidad se vinculan con todo lo que habita sus territorios, la interrelación con el agua les permite identificar al mirar las nubes, animales o insectos u otros elementos en el campo que les avisan cuándo caerá la lluvia, así lo señalo Don Miguel, del pueblo tutunakú  “También las piedras nos avisan cuando va venir el agua, sudan. Los animalitos que nos comunicamos con ellos, hasta mosquitos, ya vienen, mañana viene el agua. La naturaleza nos comienza avisar que ya viene el agua.”


La concepción del mundo de los pueblos originarios, su manera de interrelacionarse con el mundo, a través de cómo lo nombran y sobre todo de cómo lo sentipiensan influirá en la agenda nacional por el agua, regando e hidratando las movilizaciones en defensa de la vida contra los proyectos de muerte.


La agenda para la defensa del agua


La espiritualidad de los pueblos caracterizó la visión del agua en la asamblea. De igual manera los asistentes compartieron sus problemáticas, posibles rutas para las soluciones. Centraron las discusiones en cinco mesas de trabajo que fueron el espacio de reflexión y análisis: 1) espiritualidad, autodeterminación y gestión comunitaria del agua; 2) análisis del despojo ¿en manos de quién está el agua?; 3) estrategias jurídicas para la defensa del agua; 4) contaminación del agua y enfermedades; y 5) criminalización y contrainsurgencia contra defensorxs y movimientos.


Los pueblos nos enseñan que no basta con hacer uso adecuado y sin desperdicio del agua, sino que se debe organizar para denunciar el trato al recurso sagrado. Sin lugar a dudas la asamblea está tejiendo una red para articular a los defensores del agua en el país, conformada por pueblos originarios, campesinos, activistas, organizaciones sociales, colectivas, académicos, niñxs, Jóvenes y adultos de todas edades. Mujeres, hombres y otres u otroas.


Por lo pronto hay fecha para la segunda asamblea por el Agua y la Vida, se llevará a cabo los días 18 y 19 de febrero del 2023, en la comunidad de Santiago Mexquititlán, Querétaro. Cuentan con una programación basada en la temática de las mesas de trabajo para visibilizar las problemáticas en sus localidades. Señalaron que así como son diferentes los problemas que aquejan por el agua, también hay una gran diversidad de formas para defenderla. Atenderán temas de comités de agua, sistemas propios de gestión comunitaria, amparos, denuncias, acciones directas, asambleas, y otras propuestas que irán desarrollando. La ruta está marcada, organizarse y continuar la lucha en contra del despojo, la represión, la explotación, contaminación y exterminio del agua y de la vida. 



Por: León Mayorga



lunes, 25 de abril de 2022

Doble desplazamiento forzado y violaciones a los derechos humanos de la comunidad Triqui.

25-abril-2022

León Mayorga

Violencia armada, policial, despojos, discriminación racial y de clase, estigmatización, invisibilización, omisión, abuso de autoridad y constantes violaciones a sus derechos humanos viven día a día un grupo de familias Triquis de Tierra Blanca Copala, ubicada en la mixteca Oaxaqueña, mismas que tuvieron que abandonar sus casas y su territorio debido a las agresiones armadas de grupos paramilitares.

Desde diciembre de 2020, 143 familias Triquis fueron desplazadas forzadamente de sus comunidades, algunas de ellas se movilizaron a la Ciudad de México para demandar a las autoridades federales apoyo para que puedan regresar con tranquilidad a sus hogares. Durante 15 meses permanecieron en un plantón frente a la Alameda, frente a Palacio de Bellas Artes, solicitando a las autoridades los apoyen para no ser atacados por grupos paramilitares y así retornar a su comunidad en condiciones de seguridad, con la garantía de no ser asesinados.

Sin embargo, durante la madrugada de este lunes más de 100 elementos de la policía de la Ciudad de México montaron un megaoperativo en el que formaron un cordón de seguridad cerrando calles aledañas a Bellas Artes. Movilización que hace imaginar a los transeúntes que pasan por ese lugar, que esos elementos policiacos se dirigen a capturar a peligrosos criminales. Pero no es así, los agentes se trasladan al plantón de la comunidad Triqui, quienes llegaron a ese lugar hace meses por el desplazamiento forzado de sus comunidades en Oaxaca.

Las autoridades en lugar de hacer justicia y garantizar la no repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos, cómo son los actos de desplazamiento forzado. Por el contrario, aplican un gran operativo, usando recursos de la ciudadanía, para llevar a cabo otro desplazamiento forzado a las familias indígenas pero ahora por parte de las autoridades del Estado, reincidiendo en la violación de los derechos. Es indignante ver que no sólo sufren las mujeres, niñas y niños triquis por el desplazamiento forzado de sus comunidades y alto grado de vulnerabilidad en el que se encuentran, sino que buscando justicia encuentran la violencia policíaca, política y jurídica.

Este megaoperativo es una muestra de qué las autoridades, racistas y clasistas, tratan a las comunidades indígenas y a las defensores de los derechos humanos y el territorio como delincuentes del crimen organizado, enviándoles cientos de agentes, mientras que para buscar a los miles de desaparecidos en el país los equipos de búsqueda no llegan a una decena de elementos.

Con el uso de la fuerza despojaron de sus pertenencias a las familias triquis, algunas de sus cosas las tiraron a la basura y otras se las llevaron en camiones. Perdieron dinero, documentos oficiales, pertenencias personales entre otros objetos.

Durante el desalojo las autoridades amenazaron a las madres con llevarse a sus niños, argumentando que el secretario de gobierno Martin Batres, quien manda a Juan Gutiérrez Márquez para realizar el desalojo, recibió una queja anónima en la comisión de derechos humanos en la que denuncian que los niños triquis, que se encuentran en el plantón de Bellas Artes, están sin cuidados por parte de sus madres.

En el desalojo los policías golpean a un niño en el forcejeo de las pertenencias de los triquis, los policías dicen que quien le pegó al niño fue la mamá y la pretenden detener autoritariamente, la amenazaron de enviarle al DIF. Con estos actos lo que hacen estos funcionarios es estigmatizar la maternidad y criminalizar a las mujeres indígenas.

Después de retirar las pertenencias de los triquis, las autoridades insistieron en llevar a las personas en camiones a un supuesto albergue en Av. Rio Consulado en la delegación Venustiano Carranza. Lugar a donde les aventaron sus cosas en un terreno enrejado en condiciones insalubres, con basura y ratas. Alejar a los triquis de Bellas Artes son hechos que muestran una estrategia para invisibilizar las denuncias de la comunidad indígena. Posteriormente, encerraron a las familias prohibiendo su salida y que se movieran a una conferencia de prensa donde denunciaron los hechos. No sólo los despojaron con violencia y uso excesivo de la fuerza, sino que los secuestraron por unos minutos.

Año y medio han pasado y los triquis han realizado cuatro intentos de retorno a su comunidad, el último fue la semana pasada, otro supuesto que no se llega a nada, las mujeres de la organización contraria no las dejan regresar, no hay diálogo y ni mucho menos las condiciones de un regreso seguro.

Estos hechos son una evidencia más, un indicador, de que hay una embestida por parte de autoridades federales, estatales, municipales, de los tres órdenes, ejecutivo, legislativo, judicial. Quienes se coluden y coordinan para realizar estas acciones represivas, planeadas, entrenadas, organizadas y sobre todo ordenadas por altos funcionarios.

Las acciones de las autoridades no son dignas de servidores públicos, quienes, valga la redundancia, deben servir al pueblo. Sin embargo, sucede todo lo contrario, se sirven del poder que tienen con sus cargos públicos para abusar de su autoridad, ignorar a las familias triquis, ser omisos ante las violaciones de sus derechos, y todavía no conformes enviarán a los cuerpos policiacos, descuidando la seguridad de la ciudadanía, para violentar físicamente a las familias indígenas.

Las familias triquis son acusadas de demandar seguridad para poder retornar a sus comunidades y vivir en paz. Hacen un llamado a la sociedad para apoyarlos en sus demandas ante las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios del Estado.

sábado, 19 de febrero de 2022

Desalojo del Altepelmecalli “casa de los pueblos”: atentado a la libre autodeterminación de los pueblos originarios.

En el país se cometen 33.308 homicidios dolosos al año; 1004 feminicidios, 45 muertes de periodistas, 28 ambientalistas fueron asesinados tan solo el año 2021. La incompetencia de las autoridades posiciona a los servidores públicos en los primeros lugares de corrupción mundial. Además, las autoridades judiciales destacan en la cadena de responsabilidad con un 92,4 % de los delitos que se denuncian quedan en la impunidad.

En ese contexto alarmante de violencias generaliza, el 15 de febrero de 2022 a la 1:20 am en el estado de Puebla, un numeroso convoy con decenas de vehículos y más de 300 agentes de las policías estatales y municipales de Puebla junto con elementos de la Guardia Nacional recorren la carretera federal tramo Puebla-Huejotzingo a la altura del Municipio de J. C. Bonilla. Llevan a cabo un mega operativo y como pocas veces hemos visto existe una coordinación entre las corporaciones de los 3 niveles de gobierno.

Mientras tanto, en otro lado en una vecindad del barrio el Refugio de la capital de Puebla, ejecutan a un hombre y dejan un mensaje para la SSP y FGE (https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/ejecutan-hombre-en-el-refugio/?fbclid=IwAR3iF64MgdO39qoppBFC7zYL3wUfVpOxB4AdUQGrzlyyymgEZqQUeKAh35Y). Pero, invertir el gasto de los impuestos que se cobran a los ciudadanos en una movilización masiva policiaco-militar parece más importante para las autoridades.

En la carretera Puebla- Huejotzingo los automovilistas observan una larga fila con más 50 vehículos con agentes y piensan que seguro van por un pez gordo: son tantos policías que pareciera que se dirigen a detener a un peligroso grupo criminal de huachicoleros o narcotraficantes, o tal vez, por las dimensiones del operativo, que van a buscar a un estafador, un grupo de lavadores de dinero o por un político corrupto y prófugo como Ricardo Anaya. Pero los miles de pesos invertidos en gasolina, vehículos, pago de los agentes y los salarios de burócratas de los tres niveles de gobierno no persiguen asaltantes, tampoco secuestradores, asesinos o violadores, ni mucho menos van en busca de alguna de las 90 mil 34 personas desaparecidas y no localizadas.

El operativo no es lo que el sentido común imagina, el comando se dirige a reprimir ambientalistas al Altepelmecalli: casa de los pueblos, un centro cultural autónomo de los pueblos de la región cholulteca quienes habían habilitado este espacio para la cultura, la salud, la educación, agroecología y el cuidado de los ecosistemas de los pueblos campesinos tras tomar la empresa Bonafont del corporativo trasnacional Danone en agosto de 2021. Todo esto sucedió debido a que la población decidió poner alto a la extracción inmoderada de 1, 600,000 lts de agua diarios de los mantos acuíferos de la cuenta de los volcanes, acción que la empresa ha llevado a cabo durante más de dos décadas sin una regulación de las autoridades del estado.

Desde los años noventa del siglo pasado que se instaló la embotelladora los pozos artesanales de las familias de la región cholulteca han visto disminuir el nivel de agua. El resultado de la explotación ha sido la escasez del valioso líquido que las familias ocupan para alimentarse, para el uso doméstico y agrícola. Además, la extracción inmoderada de agua subterránea ha secado ríos, ameyales y mantiales en la región y de cuerdo a especialistas es una de las causas de la aparición del enorme socavón en Zacatepec, de acuerdo con un peritaje del Instituto Politécnico Nacional respaldado por investigadores de la UNAM (https://politica.expansion.mx/estados/2021/07/08/el-socavon-de-puebla-si-se-formo-por-sobreexplotacion-del-agua-senala-el-ipn / https://elpais.com/mexico/2021-07-18/la-zona-del-socavon-de-puebla-deber-ser-considerada-como-de-potencial-peligro-geologico.html).

La intención de la espectacular movilización policial-militar es tomar las instalaciones y desalojar a los defensores indígenas que se encuentras a su resguardo. El operativo cierra la carretera desaloja violentamente con agresiones y apuntando sus armas a los pobladores que estaban en las instalaciones los cuales logran salir sin ser detenidos, pero no así los animales que criaban, conejos, gallinas, cerdos y borregos, de quienes se desconoce su paradero. Estas acciones gubernamentales han puesto en alerta a la ciudadanía y ha provocado la indignación local, nacional y mundial. Queda claro con estos sucesos que estas corporaciones, que en teoría deben funcionar para cuidar de la seguridad de la población, se les mando a atentar contra defensores del medio ambiente pertenecientes a pueblos originarios.

Los hechos demuestran que en el régimen actual no existe una separación entre el poder económico y el poder político como tanto pregonan. La sociedad ha reprobado este acto de criminalización de defensores del medio ambiente y cuestionan las decisiones de las autoridades ¿para qué descuidar la seguridad pública del general de la población y montar un mega operativo con cientos de agentes para desalojar violentamente a defensores del medio ambiente?, ¿Por qué las autoridades no hacen válido en los hechos el artículo 2 de la constitución y al principio de determinación de los pueblos?, ¿Por qué regresarle a la empresa las instalaciones aun advertidos por científicos de todos los daños ecológicos, económicos, culturales, políticos y sociales que ello conlleva?

Altepelmecalli casa de los pueblos: centro cultural autónomo

En el año 2021 habitantes de distintos pueblos volcaneros cholultecos decidieron proteger el agua y detener el saqueo de este valioso recurso – el cual es un derecho y no una mercancía por cierto- por parte de la empresa Bonafont en la población de San Mateo Cuanalá, municipio de J. C. Bonilla en Puebla. En un contexto de intimidación policial y gubernamental. Tras el movimiento de defensa del río Metlapalapa en 2020 ante la contaminación empresarial y la enorme preocupación e indignación por la aparición del socavón el año pasado. En asamblea, 20 pueblos originarios decidieron tomar las instalaciones de la embotelladora, detener la extracción inmoderada de agua y con ello terminar con la explotación de los mantos acuíferos, y con la escasez de los pozos de agua de la población.

La acción de los pueblos fue hacer válido su derecho a la libre autodeterminación, a su derecho universal de acceso al agua, además de conservar, mejorar su hábitat y preservar la integridad de sus territorios. Con base en esos principios llegaron a un acuerdo en el que las instalaciones de la empresa extranjera serían transformadas en un espacio para la cultura y autonomía, mientras observaban y se alegraban de ver como los niveles de agua de sus pozos regresaban a niveles que hace años no tenían.

Cabe recordar, que los pueblos cholultecos antes de la toma de la empresa llamaron a los gobiernos y a la empresa al diálogo para resolver su problema de explotación del agua. Los llamados representantes del pueblo, es decir, el gobierno junto con las empresas no acudieron al llamado de la población para solucionar el problema. Los llamados al diálogo por parte de los habitantes fueron ignorados, despreciados, las autoridades han sido omisas a atender las demandas de la ciudadanía generando la molestia de los habitantes contra las autoridades. Por el contrario, los gobiernos en lugar de tener en cuenta los llamados como servidores públicos han implementado mecanismos de intimidación policíaca contra la población, realizando rondines constantes en los que se toman fotografías, usan drones para espiarlos, amenazas, e incluso han enviado a golpeadores locales comandados por presidente municipal para atentar contra los defensores ecologistas, acciones que han puesto en una situación grave de inseguridad y alta vulnerabilidad a vida y los derechos de los defensores ecologistas.

Una de las decisiones importantes tras la toma pacífica de los 20 pueblos originarios cholultecas fue seguir la vía jurídica para formalizar la transformación del inmueble en un espacio para uso público y cultural de los pueblos, lo que significa para estas comunidades originarias construir en un espacio de explotación y muerte de la vida, un proyecto de vida. Acordaron meter un decreto de expropiación por causa de utilidad pública y han transformado el espacio en un centro cultural autogestionado.

En el Altepelmecalli emergieron formas alternativas de servir al pueblo, mismas que se distancian en demasía a los modelos de atención que brindan las instituciones de educación y cultura del estado, las cuales se han caracterizado por funcionar - si a eso que hacen hoy se le puede llamar función- sin recursos, con empleados elitistas que administran las actividades culturales bajo procesos de burocratización donde toda actividad cultural queda acaparada en sus manos, situación que limita el acceso libre de la población en general a la cultura.

En la casa de los pueblos ha sucedido todo lo contrario a lo que ocurre en estos espacios estatales, los defensores del medio ambiente al no servir para intereses partidistas o grupos de elite los servicios culturales que ofrecieron en el Altepelmecalli estaban libres de esas relaciones sociales selectivas y excluyentes, todo mundo. Lo que hicieron los pobladores de transformar una empresa extractivita y explotadora de sus trabajadores en un centro cultural autónomo, no es más que la expresión de un pueblo que ha tenido la capacidad para producir un proceso autonómico para decidir y ejercer por ellos mismo el tipo de educación y cultural que quieren para sus vidas. Los pueblos originarios cholultecas no quieren el desarrollo capitalista industrial en su territorio, lo que quieren es la autonomía y llevar a cabo estos procesos educativos a través de la autogestión y en interacción con la sociedad civil, colectivos y organizaciones de distintas partes del mundo que sirven a los pueblos para tener su desarrollo propio.

En el centro cultural Altepelmecalli casa de los pueblos las actividades se enfocaban en la educación, la salud, la agricultura, la comunicación, el cuidado del territorio, basados en las artes y las ciencias. Daban talleres de regularización, serigrafía, pintura, música, atenciones médicas, habilitaron un espacio para las mujeres y una nutrida biblioteca con donaciones generosas. De igual forma en lo que era un estacionamiento lo usaron como un auditorio al aire libre. También contaban con espacios donde se criaban animales: borregos, gallinas, cerditos, se cultivan setas y se producen abonos agroecológicos como áreas demostrativas y pedagógicas con la dialéctica de la comunalidad del aprendo-enseño, enseño-aprendo, generando un interconocimiento entre los asistentes y las comunidades basa en la experiencia práctica, el compartir y por supuesto en las discusiones teóricas.

En las jardineras sembraron flores y en la entrada del inmueble donde habían instalado el plantón se convirtió en un comedor comunitario cuya cocina era atendida por señoras a quienes se les caracteriza por preparar platillos con recursos de la región con esfuerzo y ese gran corazón y cariño alimentan a sus familias, a sus pueblos y al centro cultural. También realizaban prácticas de economía solidaria, llevaron a cabo rifas para autofinanciarse y cada mes instalaron un mercadito de trueque. Se gestó la participación ciudadana para la defensa de la vida y ello significó también la recuperación del tejido social comunitario.

Asimismo, las actividades convirtieron el espacio en un centro de gravedad para la defensa de la vida y pueblos que luchan para defender sus territorios y su autonomía. El Altepelmecalli recibido cientos de personas de múltiples geografías, locales, nacionales e internacionales con quienes en foros de análisis compartieron el diagnóstico: la enfermedad que viven los pueblos es el cáncer del modelo capitalista que despoja, explota y convierte en mercancías los territorios y los modos de vida de la civilización humana. La receta es la organización y la autonomía para la defensa de sus territorios.

Acudieron a eventos y actividades habitantes de pueblos originarios de todo el país, defensores del medio ambiente, estudiantes, organizaciones sociales y académicos renombrados han realizado encuentros con temáticas variadas: sobre el campo, encuentros de mujeres, educación autónoma, mapeos comunitarios en la defensa del territorio, conferencias de prensa para denunciar las violaciones a los derechos humanos, encuentros contra gasoductos, etc. Reiterando lo antes dicho, lo que llevaron a cabo los pobladores en el Altepelmecalli es aplicar el principio de determinación de los pueblos por medio de un conjunto de prácticas autonómicas que significan el desarrollo que quieren los pueblos para ellos, no los proyectos extractivos e industriales que solo les traen despojo, contaminación, individualismo, ignorancia y contados empleos con salarios precarios.

Con ello, los pueblos originarios de la región cholulteca han demostrado en el Altepelmecalli que transformar un espacio de muerte en uno de vida no solo ha significado la defensa del agua sino también una fórmula alterna al paradigma de los servicios educativos y culturales de la burocracia política e institucional del estado que limita, excluye y simula tras no cumplir los objetivos asignados para servir a la población.

Demandas de la sociedad a los órdenes de gobierno

Académicos, organizaciones sociales y observadoras de derechos humanos, colectivos e instituciones locales, nacionales e internacionales han realizado un llamado a las autoridades a apegarse a los principios de libre determinación de los pueblos indígenas y campesinos. Ha detener la criminalización de los defensores ambientales y devolver a los pueblos el predio que entregó a la empresa Bonafont del corporativo Danone y con ello continúe la función pública del centro cultural autónomo Altepelmecalli casa de los pueblos. Instan a las autoridades a hacer válido el decreto de expropiación para utilidad pública del inmueble y continúe el proceso de desarrollo pedagógico propio de los pueblos de la región cholulteca. Asimismo, los defensores ambientales han hecho una llamado a la población local, nacional y mundial a solidarizarse y emprender un Boicot a la empresa francesa hasta que se retire de un territorio originario y deje de saquear el agua de los pueblos.

19 – febrero - 22

León Mayorga. Antropólogo social

domingo, 5 de septiembre de 2021